El Pleno del Consejo Económico y Social de Andalucía, presidido por Joaquín J. Galán, ha aprobado, con un voto particular, el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), remitido por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, y del que se ha ocupado la Comisión de Trabajo de Consumo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del CES andaluz.
El dictamen señala en sus observaciones generales que se trata de un Anteproyecto de Ley que modifica la LOUA con una doble finalidad: por una parte, adaptar su contenido a las disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Suelo, de 20 de junio, de 2008, con carácter de legislación estatal básica; y por otra, reformar algunos aspectos de la ley andaluza que debían ser modificados, “al objeto de corregir algunas insuficiencias normativas”, ya que desde la aprobación de la LOUA en 2002 se han producido importantes modificaciones en el sistema jurídico y en el orden social “que debían tener reflejo en la ley”.
Así pues, el Consejo Económico y Social de Andalucía valora de manera positiva el Anteproyecto, pues las nuevas disposiciones, una vez incorporadas al texto de la Ley, “van a suponer un avance y una mejora de nuestra legislación, tanto en lo que se refiere al régimen del suelo, como a los procesos de planificación y ejecución urbanística, potenciando la participación, la transparencia y la publicidad”. Esto se basa en que en el Anteproyecto de Ley se reafirma el control público del urbanismo, confirmando la primacía del interés general, aunque con respeto a los intereses particulares, y pretende dinamizar y agilizar los procesos urbanísticos, reordenando competencias entre las distintas administraciones y mejorando la participación de los particulares.
Ahora bien, en opinión del CES de Andalucía, se podía haber aprovechado la oportunidad para avanzar algo más en la agilización y flexibilización de los procesos en aras de una mayor eficacia, eficiencia y celeridad del actuar administrativo. El dictamen plantea en este sentido modificaciones en la tramitación de planes de desarrollo a fin de imprimir una mayor agilidad en la misma.
Igualmente, según el CES el Anteproyecto de Ley supone una progresión en términos de seguridad jurídica, si bien la lectura y comprensión del mismo se hace dificultosa al ser una reforma parcial. De ahí que desde el Consejo se propone que se redacte, “en breve plazo”, el texto refundido de la legislación urbanística de Andalucía.
Por otro lado, el Anteproyecto de Ley incorpora medidas de flexibilidad y corresponsabilidad en el ejercicio de las competencias urbanísticas, entre ellas, la relativa a la reserva de terrenos para la construcción de viviendas en supuestos como en los que exista exceso de suelo; la densidad del número de viviendas; o la posibilidad de la sustitución monetaria de determinadas obligaciones y cargas en los procesos urbanísticos, esta última con carácter excepcional y las debidas garantías.
En todo caso, el dictamen del Consejo Económico y Social de Andalucía resalta la necesidad de un control efectivo de los supuestos en los que las disposiciones vayan a aplicarse y realiza una serie de observaciones concretas al articulado.
A este dictamen se ha presentado un voto particular por parte del grupo segundo.
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